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Resulta paradójico cuando menos, que todas las fuerzas vivas de la nación (por ahora) recurran el estatuto de autonomía catalán aprobado meses atrás.
Resulta que no solamente es el Partido Popular el que ha elevado un recurso al TC, sino que también lo hacen algunas Autonomías, el Defensor del pueblo y algunas otras instituciones. Su fundamento se basa en considerarlo total o parcialmente inconstitucional, en todo o parte de él.
Lo más curioso del tema es que la propia Generalidad de Cataluña también quiere llevar el Estatuto a dicho Tribunal Constitucional. La diferencia, sustancial cuando menos, está en que el gobierno catalán lo quiere recurrir porque cree que el Gobierno central no cumple el nuevo Estatuto.
De todos es conocida los deslices o contradicciones de este gobierno autonómico catalán, y que como ha anunciado Joan Saura, consejero de Relaciones Institucionales, se va encontrar con que pedirá al Tribunal Constitucional que haga cumplir al Gobierno de Rodríguez lo que dispone un Estatut que dicho tribunal tiene sobre la mesa precisamente para estudiar si es o no constitucional.
Y es que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, o con las amenazas que se hacen, aunque sean de boquilla. La Generalidad tiene todo el derecho a recurrir que se ejecute dicho estatuto, pero lo que no se puede tolerar es acusar, descalificar e insultar a los que afirmaban que llevarían el asunto al TC para que lo examinaran, y ahora son ellos mismos los que invocan dicho derecho.